La Autogestión de los Pobladores: Un Nuevo Capítulo en la Política Habitacional Chilena

En 2006 se cumplieron 100 años de la existencia de una política habitacional en chile, ese mismo año varios grupos de allegados de Peñalolén buscando la posibilidad de seguir viviendo en la comuna que los vio nacer junto a sus familias, protagonizaron varias tomas de terrenos, las que desencadenaron violentos enfrentamiento entre la policía y los pobladores, obligando al gobierno a reformar la política habitacional, incorporando un subsidio a la localización, para hacer viable la construcción de viviendas sociales dentro del radio urbano de las grandes ciudades. Hoy se comienza a escribir un nuevo capítulo de la política habitacional chilena, esta vez conducida por los pobladores, los que desde organizaciones populares están auto gestionando la construcción de sus viviendas, terminando con las principales características históricas de la política habitacional chilena: la exclusión territorial y la contención social

Ley de habitaciones obreras
Para frenar el estallido social provocado por la naciente clase obrera que se movilizaba para mejorar sus condiciones sociales, en 1906 el gobierno implementó dos medidas, más represión policial, y la promulgación de la ley de habitaciones obreras. La promulgación de esta ley es un hito que marca el inicio de la política habitacional chilena, y el objetivo de su promulgación es el reflejo del espíritu, con el que esta política ha operado casi ininterrumpidamente por más de 100 años. En los 19 años de vigencia de la Ley se demolieron todos los conventillos donde habitaba la clase obrera en Santiago, remplazándolos por cites ocupados por la clase media, sentando el primer precedente de una de la principales características que tendrá la política habitacional chilena, sacar a los pobres del centro de la ciudad y ubicarlos en sectores periféricos, modelando un mercado de suelos excluyente.

De la Autoconstrucción al Estado Constructor
En los años 30’ aparece la Caja de la Habitación Popular y los sistemas de ahorro y crédito que se consolidan en los años 60’ gracias a la “Alianza para el Progreso” (programa de ayudas sociales y económicas de EE.UU. para contener a los sectores populares de Latinoamérica, en el marco de la guerra fría). La década de los 60’ es uno de los períodos de mayor tasa de crecimiento de las grandes ciudades por efecto de la migración campo-ciudad, esta explosión demográfica desencadenó la aparición de tomas y ocupaciones ilegales de terrenos, a los que en el gobierno de Eduardo Frei M. se buscó dar solución a través de la operación sitio, la que consistía en regularizar las tomas, dando títulos de propiedad a quienes ocupaban un terreno, este saneamiento de títulos era acompañado por un programa de autoconstrucción. El gobierno de la Unidad Popular consideró la autoconstrucción como una medio de explotación de mano de obra barata, y potenció la construcción estatal de viviendas sociales, es en este periodo, entre los gobiernos de Frei M. y Allende en que la política habitacional chilena abandona por un breve lapso de tiempo sus características de exclusión y contención social.

El Subsidio Habitacional
Con el golpe militar de 1973 comenzó un proceso de ocupación y control militar de todo el país. La política de vivienda social no sufrió un cambio automático, pero al igual que otras políticas públicas fue reformada en el marco del modelo neoliberal abrazado por el régimen pinochetista a finales de los 70’s. En 1978 y con el objetivo principal de terminar con el déficit habitacional acumulado, el MINVU al alero de los “Chicago Boys”, elaboró el instrumento que hasta el día de hoy garantiza la producción masiva y sostenida de viviendas sociales: El subsidio habitacional. El subsidio es un incentivo a la participación de empresas constructoras en la construcción del parque habitacional, un subsidio a la demanda y orientado al mercado, que en la práctica subsidia a la oferta, ya que es el Estado quien paga directamente a las empresas constructoras. Durante la primera mitad de los años 80’ la producción de viviendas sociales con el subsidio habitacional se aplicó casi exclusivamente en la erradicación de campamentos, principalmente en las comunas del centro-oriente de Santiago, con el objetivo de terminar con las distorsiones que crean asentamientos irregulares sobre el valor del suelo en sectores centrales, moldeando una ciudad aun más excluyente, con comunas para ricos y comunas para pobres. El arranque de la producción masiva y sostenida de viviendas sociales se dio en 1985 de la mano de un puñado de empresas, que aprovechando las condiciones de la crisis del 82 se hicieron de grandes predios agrícolas, a precios muy bajos, en las afueras de las grandes ciudades. La capacidad anual de producción de viviendas aumentó año a año pasando de 50.000 en 1985 a 100.000 en 1996, los gobiernos de la concertación mantuvieron el modelo del subsidio, y lograron conseguir records de producción habitacional únicos en Latinoamérica, hasta que en 1997 producto de graves crisis administrativas en el gobierno, al fenómeno mediático de las casas copeva, a la crisis asiática, y al aumento del valor del terreno, se terminó con la tendencia al crecimiento sostenido de la producción, la viviendas sociales aumentaron su costo, dejando a los más pobres sin la posibilidad de adquirirlas. Para garantizar soluciones habitacionales a los más pobres el gobierno reforma la política habitacional incorporando un programa de viviendas sin deuda, al que se postula colectivamente, esta reforma no logra alcanzar la masividad anterior, y el aumento del valor del terreno, hace que sea imposible aplicarla en el interior del radio urbano de las grandes ciudades.

La aplicación masiva de la política habitación liberal concebida en dictadura, junto a la liberación del límite urbano, modeló grandes ciudades en extensión, caracterizadas por la segregación espacial, densidades habitacionales elevadísimas en terrenos periféricos carentes de equipamiento, urbanización y conectividad.

La Autogestión Popular
En 2006 y ante la imposibilidad de conseguir viviendas dentro de su comuna de origen, o en cualquier otra dentro del radio urbano de Santiago, los pobladores de Peñalolén organizados en comités de allegados, se tomaron terrenos buscando satisfacer sus necesidades habitacionales, estas tomas fueron violentamente reprimidas por las fuerzas policiales, pero los pobladores persistieron en sus intentos, lo que generó un clima de violencia y descontento civil que alcanzó a desestabilizar al gobierno, esto, sumado a escándalos mediáticos como las casas enanas puso nuevamente en tela de juicio a la política habitacional, y el gobierno tuvo que introducir nuevas reformas, incluyendo un subsidio a la localización el que pretendía posibilitar la construcción de viviendas sociales dentro del radio urbano de las grandes ciudades, de esta forma la derrota militar sufrida por los pobladores, se transformó en una victoria política. Los comités de allegados devinieron en movimiento, los pobladores se organizaron para postular al subsidio habitacional. Muchos fueron los problemas que debieron superar para lograr concretar los proyectos, pero esto les permitió entender cuáles eran los puntos débiles de la política habitacional y cual finalmente era su piedra de tope, problemas como la dificultad de encontrar terrenos hábiles, la lentitud e inoperancia de las EGIS (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social), el poco interés de las empresas constructoras por ejecutar las obras, hizo finalmente entender que la piedra de tope de la política habitacional chilena eran las empresas privadas que actuaban como intermediarias entre los fondos públicos entregados por el estado para las construcción de viviendas, y los pobladores que las necesitaban con urgencia. El movimiento entonces formó una empresa constructora y EGIS, para autogestionar proyectos de vivienda social de calidad, emplazados en la comuna que los vio nacer. La necesidad de vivienda logró motivar la organización popular, el Movimiento de Pobladores en Lucha fruto de esa organización ha avanzado no solo en la lucha por la vivienda digna, también ha luchado por otras reivindicaciones sociales como la salud, la educación, y el trasporte, es decir, por la vida digna, así por primera vez este instrumento de contención social llamado política habitacional ha tenido la función inversa, transformándose en un catalizador de las demandas sociales. Así vemos como la organización de los pobladores ha logrado torcer las principales características históricas de la política habitacional chilena, comenzando a escribir un nuevo capítulo de esta, ahora marcada por la integración socio espacial, y la participación activa de la organización popular en la gestión de los proyectos.

Este nuevo capítulo de la política habitacional chilena recién comienza a escribirse, los primero proyectos autogestionados están en proceso de desarrollo, las obras aun no han comenzado, y los desafíos que planteará la concreción de estos proyectos pondrán a prueba la posibilidad real de cambiar el eje tradicional de la política habitacional. El triunfo de los pobladores marcará un antes y un después, en la lucha por la vida digna.

Matias Mlynarz
Arquitecto